Las claves de la nueva ley de fomento al reciclaje

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Durante junio y julio la comisión de Medio ambiente del Senado se encontrará revisando los últimos detalles de la bullada Ley de Fomento al Reciclaje conocida también como la Responsabilidad Extendida del Productor (REP). A continuación analizaremos las preguntas claves que nos permitirán entender y visualizar su impacto en el mercado chileno del reciclaje.

¿De qué trata la ley?
Esta norma establece que todos los productores o importadores de “productos prioritarios” deben hacerse cargo de los bienes una vez que terminan su vida útil. Es decir, estos productos “inservibles” deben volver a las industrias donde fueron fabricados o a las bodegas donde comenzó su distribución. Para esto, la ley establece metas de recolección y valorización diferenciadas por producto.

¿Cuáles son los productos prioritarios?
Son aquellos sobre los que urge tener una gestión responsable ya sea por su volumen, peligrosidad u oportunidad de valorización. La actual versión de la ley los define como aceites lubricantes, aparatos electrónicos, baterías, pilas, revistas, diarios, envases, embalajes, medicamentos, neumáticos, vehículos, y plaguicidas.

¿Cómo lo harán las empresas para recolectar los productos prioritarios?
No existe un protocolo establecido para gestionar la recolección de los productos.  La ley establece que los sistemas de recolección deben elaborarse mediante esfuerzos conjuntos en los que participen grupos asociados de empresas privadas y organismos públicos tales como municipalidades y ministerios. Sin embargo, estos sistemas de recolección deben ser financiados exclusivamente  por los productores o importadores y los actores involucrados en el transporte, almacenamiento, o cualquier operación asociada a los residuos, deben estar debidamente autorizados.

¿Qué pasa si las empresas no alcanzan las metas?
La Superintendencia del Medio Ambiente estará a cargo de fiscalizar que las empresas recolecten sus productos bajo las normas ambientales vigentes y que cumplan las metas para cada producto. En caso contrario podrá multar a la empresas o, incluso, prohibir la generación o venta del producto.

¿Cómo afectará la ley a los ciudadanos?
Las empresas generadoras deberán informar a los clientes acerca de las formas y lugares en los cuales los residuos deben ser depositados para su posterior reciclaje. Esto podría afectar a la rotulación de los productos y la forma en que se envasan.

Por otro lado, es posible que los precios de los productos prioritarios aumenten debido a que los costos de recolección pueden incluirse legalmente dentro de los costos de venta de los productos prioritarios. De ser así, la ley establece que estos costos de recolección deben estar claramente identificados en las boletas o certificados de compra. A largo plazo, las empresas se verán presionadas a optimizar la gestión y el rescate de materiales. Por esta razón los aparatos electrónicos debiesen avanzar hacia un diseño modular que permita identificar y valorizar fácilmente en los residuos aquellos insumos necesarios para la producción de nuevos artefactos.

A pesar de que la actual versión de la ley deja varias interrogantes sin responder, como la forma real en que se integrarán los recicladores base o las metas para cada tipo de residuo, es necesario destacar este proyecto normativo como un avance importante. Chile es un país que pide a gritos una estructura en la que los esfuerzos del estado, de los privados y principalmente de la ciudadanía puedan converger y dar forma a una política y cultura ambiental de un país desarrollado.

 

Nicolás Labra, Ingeniero Civil Industrial
Coordinador Área de Estudios
Oficina de Sustentabilidad