Columna de opinión: El rol de la ciudadanía en la protección de los humedales

Chile cuenta con más de 40.000 humedales, los cuales representan una superficie de más de 5 millones de hectáreas. La mitad de esta superficie está ubicada en áreas protegidas, localizadas sobre todo en el Sur del país, mientras gran parte de la otra mitad está desprotegida.

Estos últimos años, el valor de los humedales se ha ido reconociendo, en gran parte gracias a varios movimientos y redes ciudadanas de defensa de los humedales.

Los ciudadanos organizados han jugado y juegan un rol fundamental en la visibilización de los humedales, desarrollando estrategias de protección y al mismo tiempo iniciativas de educación ambiental, necesarias para reconocer la importancia de estos ecosistemas. Estos movimientos ciudadanos han dado lugar a varios conflictos socio-ambientales. En la Región Metropolitana, se pueden mencionar los casos de los humedales de Quilicura, Pirque o Batuco, amenazados por las actividades antrópicas. En otras regiones, podemos citar los casos vigentes de conflictos por el proyecto de Megapuerto en San Antonio, a proximidad inmediata del humedal del Río Maipo, o el proyecto de carretera dentro del humedal Angachilla en Valdivia.

El caso de la reciente declaración del humedal urbano de Quilicura como espacio protegido por la nueva Ley de Humedales Urbanos, demuestra que estas acciones ciudadanas tienen impactos. Los ciudadanos son actores relevantes en la protección de los humedales a corto, mediano y, sobre todo, largo plazo. Pero es importante reforzar la articulación entre las demandas ciudadanas de protección de los humedales y los procesos institucionales. Si bien existe el mecanismo de los “Santuarios de la Naturaleza” (Ley 17.288) que permite a los ciudadanos organizados elevar una solicitud de protección, queda pendiente facilitar estas iniciativas ciudadanas dentro de los distintos marcos normativos y fortalecer los procesos de participación ciudadana en aquellos. Por ejemplo, un colectivo de ciudadanos no puede iniciar una solicitud de declaración en el caso de la Ley de Humedales Urbanos, pero es deber de los municipios generar los mecanismos de participación e integrarlos en las respectivas gobernanzas. Es también clave integrar a las organizaciones ciudadanas en la gestión de los humedales, a través de mecanismos de gobernanza ambiental, incluyendo a todos los actores pertinentes, así como a modalidades de toma de decisión adecuadas y recursos asociados.

En el marco del proyecto “Humedales Urbanos en Latinoamérica: Una solución para ciudades más sostenibles ODS11”, financiado por el Centro de los Objetivos del Desarrollo Sustentable de Colombia, y dirigido por la profesora Carolina Rojas, estamos analizando los procesos de participación en el caso de tres humedales urbanos: la desembocadura del río Aconcagua en Concón (Chile), la Ciénaga de Mallorquín en Barranquilla (Colombia) y Pantanos de Villa en Lima (Perú). Es indispensable analizar y entender estos procesos, para proponer medidas que refuercen el rol de la ciudadanía en los mecanismos de protección de estos ecosistemas, con el fin de protegerlos mejor. El desafío es aún más relevante en el caso chileno donde, en el contexto del proceso constituyente actual, están emergiendo con fuerza los temas relacionados con los territorios, la participación ciudadana y el medioambiente.

Columna de opinión por Caroline Stamm, profesora asistente Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC