¿Qué significa para Chile adherirse al Acuerdo de Escazú?
A fines de mayo Chile se adhirió al Acuerdo de Escazú, tratado que se originó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), realizada en 2012. Nuestro país, junto a Costa Rica, fue una de las naciones impulsoras de este tratado tan relevante para asegurar un medio ambiente sano a las […]
A fines de mayo Chile se adhirió al Acuerdo de Escazú, tratado que se originó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), realizada en 2012. Nuestro país, junto a Costa Rica, fue una de las naciones impulsoras de este tratado tan relevante para asegurar un medio ambiente sano a las generaciones presentes y futuras.
Luego de cuatro años de negociaciones, en septiembre de 2018 se inició el proceso de firma de cada uno de los países suscriptores del acuerdo, en donde Chile se restó aludiendo razones de interpretación en temáticas de soberanía. Sin embargo, el 31 de mayo recién pasado nuestro país ratificó su incorporación a este pacto.
Le preguntamos a Lake Sagaris, académica e investigadora del Instituto para el Desarrollo Sustentable UC, del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus) y recientemente galardonada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) por su trayectoria de más de 2 décadas promoviendo el transporte urbano sustentable, equitativo y con perspectiva de género, las implicancias de este acuerdo para nuestro país.
¿Cómo cambia el escenario de protección del medio ambiente en Chile con la adhesión de nuestro país a este acuerdo?
En medio ambiente, tanto urbano, como rural y silvestre, este Acuerdo es uno de los valores mayores para la humanidad. Nuestra integración en sistemas de “salud planetaria”, en modalidades justas, inclusivas y democráticas, es el punto base no solo para sobrevivir con un mínimo de dignidad, sino para florecer. Este Acuerdo justamente reúne y obliga a los Estados, y por lo tanto, a nuestra ciudadanía y sus organizaciones activas, a comprometerse de verdad con principios vitales para el futuro de la humanidad. Chile necesita y debe participar plenamente, poniendo sus grandes recursos naturales y humanos al servicio del bien común. Esto es central no solo para lograr una mejor salud y un medio ambiente más capaz de cuidar y nutrir la vida — también ya es la base de las economías que podrán crecer, cuidar y cumplir en el siglo XXI.
¿Crees que Chile se encuentre en las condiciones ideales para velar por el cumplimiento de estos acuerdos?
Chile es un país con muchas legislaciones y promesas, pero estas les dan pocas facultades a les tomadores de decisiones a realmente tomar decisiones, y aplicarlas como se debe. Es demasiado común que “se debe” hacer algo, pero nadie está facultado para hacerlo. La constitución actual, además, es de una rigidez que impide evolucionar a la sociedad, siendo que estamos en procesos constantes de cambio, y los que no pueden adaptarse y transformarse, quedarán atrás, arriesgan un colapso devastador. Por lo mismo, es vital que Chile se ponga al día, con una constitución que les dé cierta estructura pero que también le permita crecer y cambiar con los tiempos actuales.
¿Cómo se podría extrapolar este nuevo escenario de protección medioambiental, nivel país, a nuestra universidad?
Por lo anterior, es particularmente importante este tratado para Chile, ya que da un marco global, basado en la mejor evidencia, y que servirá a todas las personas de buen corazón, los movimientos sociales y otres que se preocupen por estos temas, como base de actuar decisivamente a favor de los cambios que — a través de la participación ciudadana, deliberativa y vinculante — resultan ser las prioritarias y las de mayor importancia para nuestra sociedad, su ciudadanía, sus pueblos migrantes, y sus pueblos originarios. Para la universidad, la implicancia mayor es que se refuerza aún más la importancia de liderar en temas y metodologías de interdisciplina pero también de transdisciplina, o sea, ser capaces no solo de “enseñar” a la sociedad en base a nuestra evidencia, sino “aprender” de ella, y de verdad, para sintetizar y llegar a estrategias de cambio que minimizan las pérdidas y maximizan los beneficios, especialmente para las personas y grupos sociales más necesitados.
¿Cuáles son los siguientes pasos que nos quedan como país luego de suscribirse a este acuerdo?
Construir instancias participativas, basadas en colaboraciones horizontales, entre gobiernos y organizaciones ciudadanas líderes en estos temas, para llevar adelante un trabajo democrático, profundo, en escala local, regional y nacional, como corresponde para estos temas. Somos un país muy despierto, muy activo en estos temas: es hora de movilizar todas estas voluntades y conocimientos, no solo académicos, sino populares, originarios, interculturales. En los últimos 40 años Canadá, mi país natal, ha tenido que aprender a ser plurinacional e intercultural — ha traído duelos, culpas y complejas responsabilidades en todo plano, pero también nos está liberando y potenciando, para estos desafíos actuales.
Compromisos de Escazú
Este tratado ambiental tiene por objetivo principal, según su Artículo 1, garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Dentro de los diversos compromisos que los países firmantes del acuerdo*:
- Acceso a la información ambiental. Un artículo que busca garantizar el derecho de las personas a obtener de forma clara e igualitaria de esta índole.
- Generación y divulgación de información ambiental. En donde las autoridades deberán velar por la generación y recopilación sistematizada de información que permita un acceso fácil a los datos como procesos de evaluación ambiental, zonas contaminadas, entre otros.
- Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Compromiso que permita una participación abierta e inclusiva de la ciudadanía en estas temáticas.
- Acceso a la justicia en asuntos ambientales. Se establece la garantía de proporcionar el acceso a los ciudadanos a medios de justicia en asuntos ambientales mediante los mecanismos de apoyo, al igual que asistencia técnica y jurídica gratuita.
- Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Propiciar un entorno seguro a personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, para que estos puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
